Diana Gante

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La clave de esta transformación está en la modificación del artículo 28 constitucional, donde ahora se establece que “las actividades estratégicas realizadas por empresas públicas del Estado no constituirán monopolios”, expone la Constitución Política vigente. ¿Qué cambió? Ramón Massieu, asociado de la firma Toeppich and Associates, explicó que, a raíz de dicho cambio constitucional, Pemex y CFE cambiaron su naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas”.

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La urgencia se justifica en la dinámica del negocio: sin permisos, no hay estaciones nuevas; sin estaciones, no hay desarrollo de proveeduría. Y eso tiene implicaciones directas en inversiones, empleo e infraestructura regional. “Nosotros como Asociación, nuestro punto de partida es el permiso. Atrás de esos permisos es donde acompañamos con toda la proveeduría, y por eso venimos dialogando con las autoridades para que esto se logre”, explicó Zazueta.

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Los inversionistas requieren horizonte. Inyectar capital en infraestructura energética —plataformas, gasoductos, parques eólicos o solares— implica comprometer recursos por décadas. Pero en México, la política energética se ha ‘reiniciado’ varias veces. “El peor mensaje que le puedes dar a un inversionista es la incertidumbre… en la medida en que somos un país que trata de reconstruirse cada seis años, eso nos resta mucha competitividad a nivel mundial”, agrega Guerrero.

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Los inversionistas requieren horizonte. Inyectar capital en infraestructura energética —plataformas, gasoductos, parques eólicos o solares— implica comprometer recursos por décadas. Pero en México, la política energética se ha ‘reiniciado’ varias veces. “El peor mensaje que le puedes dar a un inversionista es la incertidumbre… en la medida en que somos un país que trata de reconstruirse cada seis años, eso nos resta mucha competitividad a nivel mundial”, agrega Guerrero.

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Las cifras oficiales confirman el deterioro. Al cierre del primer trimestre de 2025, la deuda de Pemex con proveedores y contratistas alcanzó los 404,000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 260% frente al nivel reportado al cierre de 2018, cuando inició el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Buena parte de los adeudos corresponden a trabajos ya ejecutados, algunos con más de un año de antigüedad.