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1 week ago |
heraldo.es | Javier Escartín |Jorge Alonso
Un grupo de inversores aragoneses ha cerrado la mayor operación inmobiliaria de los últimos años en Zaragoza. La compraventa incluye un paquete de 323 pisos, además de 130 locales y semisótanos, del grupo de viviendas Aloy Sala. La cuantía asciende a 22 millones de euros e incluye la "reforma integral" de los inmuebles, que se acometerá por fases en un plazo de 10 años.
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2 weeks ago |
heraldo.es | M. Chitty Lopez |M. Puy López |Jorge Alonso
La crisis abierta en el PSOE por el informe de la UCO empieza a cobrarse sus víctimas en Aragón. De momento, y a la espera de que avance la investigación, el PSOE-Aragón ha decidido suspender de militancia y abrir expediente informativo al concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, y al miembro del comité regional, Alfonso Martínez, que aparecen citados en las transcripciones de los audios de las conversaciones de Koldo García y Santos Cerdán.
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2 weeks ago |
heraldo.es | I. Muñoz |M. Chitty Lopez |M. Puy López |Jorge Alonso
Exclusivo suscriptores Los audios de las conversaciones entre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hacen referencia a un concejal de Zaragoza y a un ingeniero de minas llamados Alfonso. Así consta en una de las transcripciones incluidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que han abierto un terremoto interno en el partido y en el Gobierno central.
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2 weeks ago |
heraldo.es | M. Chitty Lopez |M. Puy López |Jorge Alonso
En las 490 páginas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figura un proyecto inversor privado que comparten Aragón y Navarra: el yacimiento de potasa Mina Muga, impulsada por la empresa Geoalcali. Tanto el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, como Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, se interesaron en la tramitación de la explotación minera en Aragón.
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2 weeks ago |
heraldo.es | Jorge Alonso
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto amaño de una decena de contrataciones públicas incluye una concesión para la conservación de carreteras del Estado en Teruel, adjudicada hace cuatro años a la unión temporal de empresas formada por la aragonesa Marco y la valenciana LIC por 5,7 millones de euros.
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