Luciana Bertoia

1 week ago | pagina12.com.ar | Luciana Bertoia

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), indispensable para encontrar a los niños y a las niñas robados durante la última dictadura, está en riesgo. No tiene presupuesto, está acéfalo y fue intervenido por el Gobierno de Javier Milei. La parálisis impacta de lleno en la identificación de quienes fueron apropiados durante los años del terrorismo de Estado y, aún hoy, desconocen su verdadera identidad.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 mandó a su casa a Gerardo Arráez, uno de los represores que se reunió el año pasado con la comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) que visitó el penal de Ezeiza. Arráez tiene una condena a 25 años de prisión por secuestros y torturas. Tendrá que usar una tobillera electrónica, pero, a diferencia de lo que decidió el TOF2 con Cristina Fernández de Kirchner, no deberá informar quién irá a verlo. Arráez ingresó a la Policía Federal Argentina (PFA) en 1970.

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El paísPor demorar micros y manifestantes para que no llegaran a Plaza de MayoLa presentación fue hecha por Daniel Catalano, dirigente de ATE Capital. Recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. Patricia Bullrich fue protagonista, a su modo, de la movilización del 18 de junio. Lo hizo apostando a las fuerzas de seguridad en los principales accesos a la Ciudad para impedir que los manifestantes llegaran a la Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner.

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció a las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) después de que trascendiera que confeccionó un documento que permitiría espiar a quienes disienten con el Gobierno de Javier Milei. El organismo de derechos humanos radicó una denuncia penal contra Sergio Neiffert, titular de la SIDE, y Diego Kravetz, director general de Operaciones de la entidad.

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La imagen era la misma. Las fuerzas de seguridad frenando micros. El objetivo, impedir que llegaran los manifestantes a Plaza de Mayo para expresar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le dictara la prisión domiciliaria con una serie de restricciones. Pedían papeles, requisaban e incluso tomaban fotografías de los documentos de identidad.