María García Arenales

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Laura González nunca pensó que cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica dirigida a prevenir la pobreza y exclusión social, le iba a generar tantos problemas. Sin trabajo y con dos hijos menores, en junio de 2020, en plena pandemia, la Seguridad Social le informó de que le correspondía cobrar el IMV y percibió la prestación durante algo más de dos años. Sin embargo, en septiembre de 2023, le llegó una notificación inesperada: debía devolver 12.000 euros por “cobros indebidos”.

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El Tribunal Supremo ha condenado a Sanitas a pagar una indemnización de tres millones de euros a una mujer por los daños y perjuicios derivados de la deficiente atención sanitaria que sufrió hace 20 años cuando dio a luz a su hijo. Durante el parto, según indica la sentencia emitida por la Sala de lo Social, el bebé tuvo graves lesiones irreversibles. Los hechos ocurrieron en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona en 2005.

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La violencia de género sigue dejando datos alarmantes en España, que no solo reflejan el número de mujeres asesinadas, sino también la magnitud de un problema estructural que persiste a pesar de los avances legislativos y sociales.

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El Patio Maravillas, La Ingobernable, La Bankarrota o La Atalaya son solo algunos de los centros sociales ocupados en Madrid que han marcado la vida social y política de muchos barrios, aportando un espacio clave de reunión y organización vecinal a través de propuestas artísticas y culturales que no tienen cabida en circuitos institucionales o comerciales.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado nulo el despido de un trabajador de Securitas Direct España al considerar que fue discriminatorio, ya que la causa determinante del cese fue la incapacidad temporal derivada de una enfermedad del empleado. La Justicia basa su decisión en la Ley 15/2022, que establece que la enfermedad es una causa de discriminación prohibida si no se justifica objetivamente.