María Martínez Lopez

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La celebración de su patrono, el apóstol santo Tomás, el próximo 3 de julio, podría empezar a poner fin a la polémica que en los últimos años ha llevado a la Iglesia siromalabar al borde del cisma. Ese será el día elegido para que entre en vigor una serie de medidas nuevas. Algunas de ellas flexibilizan las que las comunidades de este rito en la archidiócesis india de Ernakulam-Angamaly tuvieron que adoptar hace un año tras un ultimátum.

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Tras la entrada de Estados Unidos en los enfrentamientos entre Israel e Irán, «me preocupa profundamente la propagación del conflicto a nivel mundial», reconoce a Alfa y Omega fray Ibrahim Faltas, vicario de la Custodia de Tierra Santa. «Quienes desean la paz deben seguir caminos de paz; sin embargo, asistimos a una escalada que solo ha puesto en juego el afán de poder y los intereses personales, y no se preocupa por el respeto y la dignidad de la vida y la creación».

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—Muchos países de la UE tienen medidas antiinmigración propias: obstáculos para la reunificación en Austria o que los migrantes legales estén cinco años sin recibir ayudas en Francia. —Aplican estas políticas con dos objetivos. Uno es reducir el gasto; no solamente para los migrantes. El estado de bienestar no es sostenible. Y las cuentas van a estar mucho más maltrechas con el rearme.

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La III Conferencia de Casablanca, que se celebró en Perú los días 4 y 5 de junio para promover la abolición internacional de la gestación subrogada, no tardó en dar sus primeros frutos. El encuentro, organizado por la asociación Declaración de Casablanca, que trabaja por este fin, y por la Universidad de Piura, suscitó bastante interés entre las autoridades. No solo porque entre sus más de 300 participantes había funcionarios públicos.

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El 13 de junio se cumplió un año desde la adopción definitiva de la directiva de diligencia debida de la Unión Europea. Entró en vigor el 25 de julio. Sin embargo, es de prever que esta normativa que tanto defendieron organizaciones católicas nunca llegue a aplicarse tal como se aprobó, al ser una de las afectadas por el proceso de «simplificación» adoptado por la nueva Comisión Europea en este segundo mandato de Ursula von der Leyen.